Segundo estudio sobre eliminación de violencia y acoso en el trabajo de CUT y Mutual
El jueves 10 de abril, la Central Unitaria de Trabajadores y la Mutual de Seguridad presentaron los resultados del segundo estudio, realizado en conjunto, tras la implementación del convenio 190 de la OIT en Chile, y de la respectiva Ley Karin en agosto del año pasado.
Vale recordar que, en junio del año pasado, ambas entidades habían dado a conocer las conclusiones de la primera investigación. El 08 de marzo del 2023, el Estado de Chile ratificó el convenio 190, generando una estrategia de intervención tripartita: Estado, empleadores y trabajadores.
Se trata del primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. El Convenio fue adoptado en junio de 2019, por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y entró en vigor el 25 de junio de 2021.
David Acuña, presidente de la CUT, enfatizó en la necesidad de que todos los actores trabajen para erradicar la problemática del acoso laboral en Chile. «Para nosotros, como Central Unitaria de Trabajadores, es fundamental generar espacios de conversación y de trabajo. Con la Mutual hemos desarrollado un trabajo no solo respecto al convenio, también en otras materias. Creemos que la colaboración entre el mundo público y privado es fundamental”.
Para el dirigente social, “es lamentable que aún existan brechas, pese a la ratificación del convenio 190 y la Ley Karin. Hay grandes documentos dentro de las empresas que vienen a colocar ciertos lineamientos, los que en muchas de ellas no se están aplicando. Esperamos que se generen los cambios culturales necesarios, pues la violencia y el acoso se transformaron en algo que pasaba todos los días”.
Según las cifras entregadas en este segundo estudio, entre agosto y diciembre de 2024 la Dirección del Trabajo recibió 21.864 solicitudes de denuncia por la Ley Karin, de las cuales 9.151 terminaron siendo clasificadas bajo dicha normativa. Hasta enero de 2025, 5.387 de ellas se encontraban bajo tramitación. Asimismo, hasta comienzos de año 2.847 denuncias continuaban en investigación, mientras que 957 se dieron por concluidas, constatándose la vulneración en 266.
Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la CUT, recalcó cuáles han sido algunos de los principales inconvenientes en lo que al proceso de denuncia se refiere.
“Hay particularidades que son transversales en todos los sectores. La primera es la alta demanda que ha tenido la Dirección del Trabajo, y la falta de recursos para poder atender de acuerdo a la Ley. También se ha visto la necesidad de tener órganos autónomos en el sector público, que permitan darle transparencia y celeridad a ellas, han sido temas que han surgido tanto en trabajadores de Salud, Transporte y Educación del sector público y privado», afirmó.
La dirigenta también señaló que «la violencia y el acoso son un problema social. Necesitamos abordarlo desde la perspectiva que nos propone el convenio 190, que es la promoción de ambientes libres de violencia. Las instituciones sindicales debieran tener un rol fundamental en la prevención, además del liderazgo de los empleadores y las instituciones”.
Del total de denuncias ingresadas, un 67% fue por parte de mujeres y un 30% de hombres. Las actividades que mayores reclamos tuvieron fueron el comercio (744, equivalente a un 19,6%), enseñanza (515, representando un 13,5%) y servicios administrativos y de apoyo (454, totalizando un 11,9%).
La Ley Karin Incorpora nuevas definiciones legales y perfecciona las existentes, como son el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, y la no discriminación, además de incorporar la perspectiva de género en las relaciones laborales de manera explícita en el Art. 2 del Código del Trabajo.
Junto a esto, refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los correspondientes procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a los denunciantes, y establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo el que estaba ausente en la regulación.
Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, destacó la importancia del trabajo mancomunado. “Toda alianza entre trabajadores, empleadores y organismos del Estado, para poder contribuir a la generación de políticas públicas sobre la base del diálogo social, siempre será un aporte. El acoso es un tema muy presente entre los trabajadores, y es una gran preocupación para los empleadores”.
En tanto, Felipe Bunster, Gerente General de la Mutual de Seguridad, valoró la alianza continua que se ha generado en estos dos años con la CUT. “Estamos muy felices por la entrega de este nuevo estudio, el segundo que hemos hecho con la CUT, en particular con la vicepresidencia de la Mujer. Abarca todos los desafíos en lo que es la implementación, los protocolos y las brechas del convenio 190 y la Ley Karin. Nos entrega insumos muy importantes para hacernos cargo de este problema, y junto con actores públicos y privados, avanzar hacia un Chile mejor”.
Precisamente, como organismo de la seguridad social, Mutual de Seguridad ha tenido un rol activo en la concientización e implementación de la Ley Karin en el mundo laboral, apoyando a sus empresas e instituciones adherentes en la adopción de herramientas concretas para prevenir y abordar situaciones de acoso y violencia en el trabajo. A través de asesorías técnicas, capacitaciones especializadas y el desarrollo de recursos prácticos, como protocolos y guías de acción, la entidad se ha enfocado en promover una cultura organizacional basada en el respeto, la prevención y el cuidado de la salud mental, consolidando así su compromiso con entornos laborales más seguros y saludables.
Por último, este objetivo concuerda con lo expuesto por las organizaciones presentes en el lanzamiento de la segunda versión del estudio, instancia en la que coincidieron que el fortalecimiento de las políticas públicas y la articulación entre actores sociales resultan fundamentales para avanzar hacia entornos laborales más seguros y respetuosos. Asimismo, destacaron la necesidad de continuar con instancias de diagnóstico y evaluación que permitan monitorear los avances y desafíos en la implementación del Convenio 190 y de la Ley Karin a lo largo del país.
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