El consumo de alcohol y otras drogas dejó de ser considerado exclusivamente un asunto del ámbito privado para convertirse en un desafío relevante para la seguridad y la salud en los espacios de trabajo. Sus efectos pueden comprometer la integridad de los trabajadores, aumentar el riesgo de accidentes y generar impactos en la gestión preventiva de las organizaciones.

En este escenario, la entrada en vigencia del Decreto 44 durante 2025 marcó un cambio relevante para las empresas chilenas, al establecer nuevas directrices preventivas frente al consumo de sustancias. La normativa prohíbe el consumo de sustancias en los lugares de trabajo y la permanencia en las instalaciones bajo sus efectos, además de exigir que estas disposiciones sean incorporadas en los reglamentos internos.

Para Viviana Alcaide, subgerente de Promoción de la Salud de Mutual de Seguridad, la normativa representa una oportunidad para fortalecer la prevención dentro de las organizaciones. “El Decreto reconoce el consumo de alcohol y otras drogas como un factor que requiere una gestión preventiva y permanente, dado su potencial impacto en la salud y bienestar de las personas trabajadoras, así como en la seguridad y desempeño de las organizaciones”, señala, junto con advertir que el consumo de sustancias constituye un riesgo directo de accidentabilidad.

La especialista explica que los efectos del consumo pueden alterar funciones fundamentales para desarrollar una tarea de manera segura. Sustancias como el alcohol, el tabaco y la marihuana afectan el sistema nervioso central y pueden modificar la memoria, la capacidad de juicio, la coordinación y las habilidades motoras.

“Cuando una persona está bajo los efectos de una sustancia no está con sus cinco sentidos puestos en la tarea”, plantea Alcaide. El riesgo no se limita al propio trabajador, sino que también puede involucrar a terceros, especialmente en actividades donde se utilizan maquinarias pesadas, como el transporte de carga, la minería y la construcción.

UN FENÓMENO DE MÚLTIPLES CAUSAS

La experta plantea que abordar el consumo únicamente desde la responsabilidad individual resulta insuficiente. Se trata de un fenómeno de salud pública de alta complejidad, en el que intervienen factores individuales, genéticos, familiares y socioambientales.

En ese contexto, el propio entorno laboral puede contribuir a aumentar la vulnerabilidad de las personas. Entre los factores de riesgo se encuentran los sistemas de turnos que exigen largos períodos de vigilia, las jornadas consecutivas y altamente demandantes, además de problemas relacionados con el clima laboral, como liderazgos inadecuados o conflictos persistentes entre compañeros.

Frente a estos factores, Alcaide plantea la necesidad de fortalecer los elementos protectores dentro de las organizaciones. Generar climas laborales saludables, establecer redes de apoyo, promover relaciones cercanas y mejorar la distribución de las tareas son parte de las medidas que pueden contribuir a prevenir situaciones de consumo problemático.

“Esta gestión debe complementarse con el abordaje de los riesgos psicosociales, para lo cual en Chile existe un protocolo específico que las empresas deben gestionar”, sostiene.

TRES LÍNEAS PARA LA PREVENCIÓN

Para desarrollar una política preventiva, Alcaide recomienda que las organizaciones generen espacios de reflexión interna y cuenten con asesoría legal para adecuar sus procedimientos a los dictámenes de la Dirección del Trabajo.

La estrategia puede estructurarse en tres ámbitos. El primero corresponde a las acciones educativas y de sensibilización, mediante charlas, cursos, capacitaciones y campañas que permitan informar sobre los efectos y riesgos asociados al consumo de sustancias en el trabajo.

El segundo considera eventuales medidas disuasivas, como los testeos o exámenes de screening. En estos casos, la empresa debe establecer protocolos rigurosos, respetar los dictámenes vigentes y contemplar procesos de confirmación posteriores, resguardando en todo momento los derechos de los trabajadores.

El tercer ámbito corresponde a las medidas de apoyo y rehabilitación. Las organizaciones deben definir previamente qué tipo de ayuda ofrecerán ante un caso de consumo problemático, ya sea mediante convenios con instituciones especializadas o a través de derivaciones a la red de salud y a programas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

La subgerente de Promoción de la Salud de Mutual de Seguridad considera que uno de los principales desafíos es abordar esta problemática sin estigmatizar a quienes enfrentan un consumo problemático. “El consumo problemático es un problema de salud; una persona en esta situación necesita ayuda especializada para salir adelante”,  remarca Alcaide.

Desde esta perspectiva, la prevención del consumo debe formar parte de una política más amplia de bienestar laboral. La salud de los trabajadores también involucra el control de patologías crónicas, la promoción de hábitos saludables, el autocuidado frente a la automedicación, el descanso efectivo, el correcto uso de las vacaciones y el cuidado de la salud mental.

En esta tarea, Mutual de Seguridad dispone para sus empresas adherentes de modelos preventivos, programas estructurados y material educativo especializado. “El objetivo es acompañar a las organizaciones en el proceso de avanzar hacia espacios laborales más seguros y saludables, donde la prevención del consumo de sustancias sea parte de una verdadera cultura del cuidado”, asegura.