Desde su implementación, Mutual ha recibido casi 10.500 requerimientos de Atención Psicológica Temprana (APT) por Ley Karin, de los cuales se han materializado el 85% (9.000), esta diferencia se produce porque la persona desiste de atenderse.

Lo más significativo, sin embargo, no es solo el volumen: el 81,4% de estas activaciones responde a denuncias por situaciones de eventual acoso laboral —hostigamientos reiterados, maltrato psicológico y relaciones deterioradas entre compañeros o con jefaturas—, mientras que un 11,5% se refiere a hechos de violencia física o verbal, y un 5,4% corresponde a situaciones de acoso sexual. La distribución de estos casos obliga a repensar ciertas percepciones instaladas.

“La Ley Karin no solo llena un vacío legal, sino que instala un nuevo estándar cultural en el trabajo: uno en que el respeto y la salud mental no son negociables. Lo que estamos viendo no es una crisis emergente, es una realidad que ha salido a la luz”, afirma Héctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad.

Los datos de Mutual de Seguridad revelan que más de la mitad de los posibles casos de acoso laboral involucran a jefaturas como agentes del hostigamiento, mientras que el resto de este tipo de situaciones es provocado por compañeros de trabajo. Esta realidad pone en el centro del debate la calidad del liderazgo organizacional y de las relaciones humanas en los entornos laborales.

Pese a que el acoso sexual representa una menor proporción (5%) de los eventuales casos, la gravedad de este tipo de situaciones es ineludible, lo que refuerza una lectura cualitativa de fondo. 

“Esto no resta gravedad al acoso sexual —que sigue siendo una vulneración inaceptable—, pero sí nos obliga a ampliar la mirada: el principal problema denunciado hoy, es respecto de situaciones de malos tratos en los entornos de trabajo, normalizado en muchas culturas laborales, ejercido tanto por jefaturas como por pares. Si no abordamos ese fondo, seguiremos tratando los síntomas y no las causas”, sentenció Jaramillo.

Otro hallazgo clave es que el 68% de quienes activan estas solicitudes son mujeres, lo que confirma una brecha estructural en la forma en que se vive y denuncia los alcances de esta nueva normativa. Las mujeres, además de estar más expuestas, tienden a dar mayor valor al bienestar emocional y a la necesidad de contención temprana.

La Ley Karin, en ese sentido, no solo ofrece una vía de protección, sino que plantea un desafío cultural más profundo. Cómo redefinir el poder, la autoridad y la convivencia en los espacios de trabajo. Más que una herramienta reactiva, es un llamado a transformar las culturas organizacionales, no solo para evitar denuncias, sino para prevenir el daño y construir entornos más respetuosos, inclusivos y saludables, para todas las personas.

Un nuevo estándar laboral

El diseño de la Ley Karin incorpora un modelo preventivo y de atención temprana que busca cortar de raíz las situaciones, antes de que escalen. La activación de la APT permite intervenir con contención psicológica e iniciar un proceso de gestión interna que muchas veces no encontraba un cauce adecuado en el marco legal anterior.

El volumen y el perfil de las denuncias recogidas hasta ahora muestran que la norma está cumpliendo su propósito: visibilizar y canalizar un problema, muchas veces ignorado, por temor o falta de rutas institucionales claras. Y si bien queda camino por recorrer en su implementación —especialmente en pymes o sectores menos regulados—, el estándar cultural que propone ya está haciendo eco.